Marco Jurídico

La Constitución Política del Estado Libre y Sobe­rano de Tabasco señala en su artículo 76 que co­rresponde al Estado la rectoría del desarrollo de la entidad, para garantizar que sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico fomente el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Decreta que la planeación será democrática buscando la participación de los diversos sectores de la sociedad, para incorporar en lo conducente sus recomendaciones y propuestas al PLED y a los programas de desarrollo. 

El precepto constitucional anterior en el párrafo noveno del mismo artículo, enfatiza el rol del Estado en el pro­ceso de planeación, como se puede apreciar en la cita siguiente:

“Por tanto, habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Ad­ministración Pública del Estado.”

El artículo 7, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Eje­cutivo del Estado de Tabasco, faculta al Gobernador para dirigir y coordinar el Sistema Estatal para la Planeación del Desarrollo, así como la formulación e instrumenta­ción de los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, al igual que las relaciones con los otros órdenes y poderes de gobierno, así como con los sectores social y privado. La Ley de Planeación del Estado de Tabasco, en su artículo 14, señala que la Planeación del Desarrollo se llevará a cabo por los entes públicos, en cumplimiento de lo establecido en las leyes federales de la materia. 

El artículo 16 expresa que el PLED se integrará con la participación de los entes públicos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal que concurren en el Copladet, en congruencia con el Plan Nacional de Desa­rrollo y con los planes municipales.

El artículo 24 de la misma Ley establece un plazo de seis meses para la elaboración, aprobación y publicación del PLED, contados a partir de la fecha en que toma posesión el Gobernador del Estado. A su vez, los artículos 39 y 40 de la multicitada Ley de Planeación sostienen que, una vez aprobado por el Ejecutivo, el Plan y los programas que de él se deriven, serán obligatorios para las depen­dencias de la Administración Pública Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias y deberán ser revisa­dos al concluirse el tercer año de la administración.