Planeación Democrática

La integración del PLED se llevó a cabo en tres etapas: la primera inició con el registro del Lic. Arturo Núñez Jiménez como candidato a la gu­bernatura del Estado de Tabasco y concluyó con la elección del primero de julio de 2012; en esta etapa se expresaron ideas y planteamientos contenidos en los documentos denominados: Plataforma Electoral, Pro­grama de Gobierno, Propuesta para el Buen Gobierno y Desarrollo de Tabasco y las 210 propuestas que hizo el propio candidato respondiendo a las ponencias susten­tadas por los participantes en los 21 foros ciudadanos por él organizados. La segunda transcurrió en su con­dición de gobernador electo, con la organización de 21 mesas de análisis instaladas en el evento “Rumbo a la integración del Plan Estatal de Desarrollo”. La tercera etapa comprendió la consulta ciudadana realizada a tra­vés de 18 foros, en cumplimiento de la Ley de Planeación estatal, en los que también se inscribió la participación de diversos actores en el marco del Acuerdo Político por Tabasco.

Este proceso permitió sistematizar, clasificar y utilizar la información obtenida, cuyo análisis contribuyó a la defi­nición de los ejes rectores del PLED, que a continuación se presentan, en base a la frecuencia con que la ciudada­nía citó sus contenidos temáticos en los diferentes even­tos antes referidos.

El proceso reseñado permitió confirmar problemáticas previamente detectadas, ampliar y profundizar las opi­niones y propuestas de solución, fue realizado a través de eventos celebrados a lo largo y ancho del estado, en la forma y con los resultados que a continuación se de­tallan:

La integración del PLED comenzó el 29 de enero de 2013, con la instalación del Copladet y la firma del Convenio Único de Desarrollo Municipal, mecanismos fundamen­tales para el desarrollo de la estrategia planteada. 

La Ley de Planeación estatal en su artículo 3 fracciones XI y XII, prevé que la planeación del desarrollo es estraté­gica y participativa, un instrumento que incluye concep­tos como misión, visión, valores, objetivos, estrategias y metas. Además establece el uso de la metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML) y de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), elementos ambos de la Planeación del Desarrollo y herramientas para evaluar el desempe­ño de la gestión pública. El artículo 26 agrega líneas de acción y prioridades del desarrollo integral producto de un diagnóstico. 

Todas estas categorías se encuentran consideradas en el documento, que incluye una visión de largo plazo a 25 años, en los términos que establece el artículo 24 de la Ley mencionada.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción son pro­ducto de la interactuación entre las dependencias de la Administración Pública participantes en el PLED, con el propósito de encontrar las concurrencias en los temas transversales, tales como equidad de género, derechos humanos, conservación del medio ambiente, grupos so­ciales vulnerables y pueblos indígenas y han sido diseñados en razón de la obligatoriedad de introducir estas categorías. 

La conjunción de los esfuerzos se dio a partir de la emi­sión del documento “Lineamientos para la Integración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018” y la matriz de propuestas de los documentos base, entregados a las dependencias del Gobierno del Estado y a los ayun­tamientos, a fin de que el Plan Estatal y los municipales guarden congruencia entre sí.

La estrategia de coordinación para la ejecución del PLED se aplicará a través de los subcomités sectoriales, gabi­netes especializados y la participación de los tres órde­nes de gobierno, e inducirá la del sector social y los par­ticulares, para atender las problemáticas regionales y las acciones transversales necesarias para dar solucio­nes integrales que sienten las bases para el crecimiento y desarrollo de las regiones. 

La transversalidad debe entenderse como la inducción del trabajo de distintas dependencias hacia una estrate­gia de atención integral de temas como la reducción de la pobreza extrema, creación de empleos, gestión pública sustentable, Estado de Derecho, seguridad y gobernabi­lidad así como el ordenamiento territorial sustentable, con un nuevo enfoque y una visión estratégica que reor­dena el quehacer del gobierno e induce los esfuerzos de la sociedad y el sector privado en el mismo sentido.

Este modelo exige la concurrencia de acciones; la siner­gia permitirá potencializar los esfuerzos y el uso de los recursos, garantizando mejores resultados y atendiendo de manera integral el reto del desarrollo. De esta forma se evitará la dispersión de acciones, el desperdicio de recursos y esfuerzos individuales, duplicidades y tras­lapes, persiguiendo el logro de mayor eficiencia en la labor pública. 

Con esta visión se busca ir más allá de la concepción sectorial, sustituyéndola por un quehacer conjunto de los entes públicos, que privilegia la integralidad por en­cima de la simple yuxtaposición de tareas a realizar. 

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