Visión General

La Constitución de Tabasco establece que el de­sarrollo integral del estado comprende el for­talecimiento de su soberanía y su régimen de­mocrático, mediante el crecimiento económico que fomente el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege el derecho, el cual, como producto social, debe apoyar las causas de la sociedad tabasqueña y resolver los problemas estatales. 

El logro de la vigencia plena del Estado de Derecho debe garantizar a todas las personas la igualdad ante la ley, otorgar certidumbre jurídica en las relaciones sociales y el cambio a través de las instituciones; así como permitir el ejercicio de las libertades, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos sociales y la convivencia pacífica, tolerante y civilizada.

De ahí que para alcanzar el Estado Democrático y So­cial de Derecho es indispensable transformar la realidad política, económica y social de Tabasco, mediante el de­sarrollo político y democrático como base de la construc­ción de una sociedad igualitaria para la vigencia plena de la libertad, la democracia y la justicia social, aspiracio­nes que para hacerlas realidad requieren que el Poder Ejecutivo, como rector del desarrollo estatal, respalde mediante la acción pública los principios constituciona­les de la propiedad pública, social y privada, los dere­chos sociales y los fines del Estado.

El PLED promueve como principio la libertad, condición indispensable para el desarrollo y para garantizar la ca­bal vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho. Libertad para la democracia, entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económi­co, social y cultural del pueblo. 

En consecuencia, la planeación democrática debe im­primir dinamismo y armonizar desarrollo sustentable y crecimiento económico, considerando este último como factor determinante, promover la justicia distributiva y la equidad, mediante el establecimiento de las condiciones básicas para crear empresas y empleo y en consecuen­cia aumentar los ingresos fiscales. 

En este sentido el PLED y los programas de desarrollo integral que impulsará la Administración Pública Estatal son el instrumento para lograr que la actividad económi­ca que realizan los sectores productivos procure el equi­librio entre las regiones, de tal manera que el progreso se alcance con un sentido de cooperación y responsabi­lidad compartida en el financiamiento y las inversiones, haciendo posible una adecuada inserción de la economía tabasqueña, como parte de la región Sur-Sureste del país, en la economía nacional.

El PLED se sustenta también en el federalismo, bajo el principio de autonomía normativa en la distribución de competencias y asociación política para aplicar en Ta­basco programas y recursos federales, así como el di­seño de políticas públicas que en su implantación com­partan responsabilidades e inversión con el Gobierno Federal, los gobiernos de otras entidades federativas y los municipales.

En este contexto de coordinación y colaboración se per­sigue desarrollar en forma armónica todas las faculta­des del ser humano y fomentar el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad local, nacional e internacio­nal, considerando a la independencia y a la justicia social como dos elementos distintivos de la democracia y de un gobierno que asegura a los integrantes de la sociedad la igualdad real de oportunidades para todos los grupos, atendiendo en forma especial y subsidiaria a los vulne­rables para distribuir en forma equitativa los resultados del esfuerzo colectivo, de tal manera que se contribuya a la mejor convivencia humana, el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia y, en suma, al interés general de la sociedad.

Los derechos sociales son el principal instrumento de justicia social que hace posible la auténtica libertad; sin libertad la justicia social pierde plenitud; sin justicia so­cial, la libertad puede representar tan sólo una forma de privilegio para unos cuantos. Por tal motivo, a través de la planeación democrática se recoge y se da respuesta a las demandas sociales, se orienta la actividad de los sectores y se promueve su participación, tanto en la de­terminación de estrategias y prioridades de desarrollo como en la ejecución de acciones, procurando que el cre­cimiento económico se traduzca siempre en desarrollo social.

Por ello el desarrollo económico y la justicia social son complementarios, ya que el primero grantiza que las personas gocen del derecho a la alimentación, la salud, la educación, al trabajo y la vivienda y la segunda pro­mueve las condiciones que hacen posible las garantías sociales.

Democracia e identidad nacional van de la mano reforza­das por el respeto al derecho a la educación y a la cultura como principales agentes de transformación social que fomentan los valores, las creencias, las concepciones sociales, las costumbres, la creación y el goce de la cul­tura, como bases de la cooperación para el desarrollo, la construcción de una sociedad igualitaria, en la cual los derechos de los individuos, los derechos sociales y los derechos de la Nación y dentro de ésta, los de Tabasco como entidad federativa, se integran en la plenitud de la democracia sustentada en un orden jurídico que garan­tice, al mismo tiempo, libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la Nación.

En este contexto se definen los siguientes componentes estratégicos de la Planeación del Desarrollo:

VISIÓN

En el año 2038 la consolidación democrática a partir de la alternancia será un hecho cotidiano; alcanzaremos la condición de un estado con alto grado de sustentabilidad alimentaria, tecnológica, productiva y ambiental, cons­cientes del valor de nuestra libertad y del grado de justi­cia y autonomía política y cultural, orgullosos de nuestro pasado y del grado de desarrollo económico y social lo­grado.

MISIÓN

El Gobierno del Estado tiene como propósito esencial procurar condiciones que permitan asegurar una vida digna con base en los derechos constitucionales estable­cidos para los tabasqueños, con sistemas de educación y de salud de calidad, con igualdad de género y respeto a los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la vivien­da, al disfrute de la cultura y la recreación y una política ambiental con prevención de riesgos.

Para alcanzar la visión trazada y cumplir la misión que a través del PLED nos hemos impuesto como Estado y que compartimos a través de este instrumento con todos los actores sociales y políticos de Tabasco, el gobierno se compromete a asumir como propias las demandas y so­licitudes que la sociedad plantea, anteponiendo nuestros intereses a los de la ciudadanía y defendiéndolos como si fueran los propios. Para lograrlo, ponemos en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado y de lo cual somos responsables.

En esta tarea y para alcanzar los objetivos y metas del desarrollo se actuará con vocación de servicio y cum­plimiento cabal a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la adopción de programas de apoyo para todos los sectores producti­vos, otorgándole prioridad al rescate de los productores agropecuarios y pesqueros, los pueblos indígenas y gru­pos organizados, en el contexto de una estrategia inte­gral para el desarrollo rural y el estímulo al comercio exterior; impulsando la industrialización del estado, en el marco de la nueva división internacional del trabajo de la cual no debemos permanecer marginados y del di­seño y aplicación de un conjunto coherente de políticas destinadas al aprovechamiento racional de los recursos energéticos disponibles, así como canalizando los incen­tivos requeridos por las actividades comerciales, turísti­cas y de prestación de servicios en general para lo cual implantaremos las siguientes estrategias transversales.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Procurar mayores ingresos, renegociar la deuda y or­denar el gasto público, estableciendo prioridades para orientar la mayor cantidad de recursos posibles a la in­versión productiva en innovación, ciencia y tecnología, que permitan modernizar el aparato productivo y la Ad­ministración Pública, fomentar la creación de empresas agroindustriales, industriales y de servicios, impulsar el desarrollo social y combatir la pobreza. 

Sustituir la asistencia social por el desarrollo social, dig­nificando a la persona a través del acceso a la educa­ción, la salud, la vivienda y mejorando sus condiciones de vida, mediante la coordinación con los gobiernos federal y municipales, el sector privado, las organizaciones so­ciales y los organismos internacionales.

Crear las condiciones para la generación de infraes­tructura productiva, que permita incrementar la compe­titividad y la productividad para atraer inversiones que generen empleos y propicien el desarrollo integral del mercado interno en un marco de sustentabilidad, trans­parencia, rentabilidad y responsabilidad social.

Alcanzar la seguridad de las personas y del patrimonio como condición indispensable para el desarrollo econó­mico, social, político y cultural, a través del acceso a la educación y la construcción de ciudadanía fundamentada en una relación gobierno-sociedad, que privilegie valores y principios para la formación integral del ser humano.